COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018

3. Para ello, la CIDH ha consolidado un registro mediante el análisis de la información parcial aportada por el Estado; los datos recabados por el GIEI-Nicaragua; las cifras y análisis aportado por organismos internacionales; la información obtenida de organizaciones de la sociedad civil, testimonios de las víctimas, entre otros. La CIDH destaca que este número representaría solamente una fracción de un universo más grande y difícil de proyectar debido a la ausencia de información oficial y otros factores relacionados con la dinámica de las detenciones arbitrarias, por ejemplo, las ejecutadas por fuerzas policiales articuladas con grupos de civiles armados, en las cuales las personas fueron trasladadas a centros de detención ilegales o clandestinos como instalaciones municipales o del partido de gobierno.

4. La CIDH destaca que el presente informe se construye principalmente desde las voces de las víctimas, quienes denunciaron a la CIDH la grave situación que vivieron, la dinámica de las detenciones, las realidades de su privación de libertad, la ausencia de respuesta de la justicia nacional y las consecuencias en sus vidas personales y familiares. Desde su primera visita de trabajo en mayo de 2018, hasta el cierre de este informe, la CIDH ha recibido y sistematizado testimonios al menos 266 personas privadas de libertad en el contexto de las protestas iniciadas en el mes de abril de 2018, mismos que han sido recabados tanto en Nicaragua, como en otros países en los cuales la Comisión ha entrevistado directamente a las personas privadas de libertad, sus familiares y otras personas de su entorno.

5. La Comisión Interamericana ha constatado que, desde el inicio de las protestas sociales, las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual régimen y transmitir un mensaje de temor y control a la población nicaragüense. La información al alcance de la CIDH indica que las detenciones en el contexto de la 10 | Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 Organización de los Estados Americanos | OEA represión y criminalización de la protesta han sido realizadas por la Policía Nacional, y, por grupos parapoliciales o terceros armados, los cuales actuarían con frecuencia con el rostro cubierto o encapuchadas y, con un alto grado de apoyo y colaboración de agentes estatales.

6. La CIDH analiza los patrones de las violaciones a los derechos humanos registrados en el marco de las detenciones, las cuales, además, han ocurrido bajo diferentes dinámicas y modalidades, a saber: de forma masiva, selectiva y reiteradas; y mediante el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza que incluyó la práctica tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de tortura. Asimismo, las detenciones incluyeron actos de estigmatización, la exposición mediática, la persecución y la criminalización.

7. Una gran mayoría de las personas detenidas en forma selectiva en el marco de la crisis, fueron estigmatizadas como “golpistas”, “delincuentes” y “vándalos”. Además, fueron señalados por autoridades estatales y medios identificados como oficialistas como responsables de cometer “actos terroristas y de crimen organizado”. Lo anterior, incluso previo a ser puestos a disposición de la autoridad competente. La Comisión ha constatado que las detenciones realizadas en el contexto de las protestas sociales se ejecutaron sin informar a las personas sobre la causa de detención y sin exhibir orden o mandamiento judicial, ya sea en los supuestos casos de flagrancia de una falta como es el escándalo público o en virtud de supuestos delitos que ameritan penas privativas de libertad. Desde el inicio de las protestas, la Comisión recibió múltiples denuncias que indican que las personas detenidas no fueron puestas a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo legal de 48 horas y fueron privadas de libertad en centros clandestinos, policiales o penitenciarios por períodos de tiempo en que distan desde días hasta meses, antes de ser puestas a disposición de la autoridad judicial.

8. La CIDH identifica en su informe los establecimientos en los que permanecieron las personas detenidas en el marco de la crisis y, luego, analiza las condiciones de detención que se caracterizaron por el hacinamiento, negligente atención médica, inadecuada ventilación, despojo de pertenencias, obstaculización para la realización de visitas y aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos. Las denuncias y testimonios recibidos indican la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales. Asimismo, la CIDH registró la toma de represalias y otros hechos que revelan un ensañamiento particular contra las personas identificadas como opositoras al gobierno o participantes de las protestas. En el contexto de la prolongación de la crisis en Nicaragua, la Comisión constata que las personas privadas de libertad fueron tratadas como objeto de “intercambio” y “negociación” por parte del Estado con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones la oposición y la sociedad civil.

9. La CIDH observa la falta de enfoque diferenciado de tratamiento respecto a personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo como adolescentes, mujeres y personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (en adelante „LGBTI“). En este sentido, advierte con preocupación que las mujeres privadas de libertad en el Resumen ejecutivo | 11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH contexto de la crisis de derechos humanos, han enfrentado violaciones a sus derechos humanos agravadas en razón de su género, como condiciones de hacinamiento, falta de acceso a atención médica, alimentación inadecuada, castigos y otras represalias. Asimismo, documentó actos de violencia sexual y violación sexual que pueden ser considerados como actos de tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante. Particularmente, la CIDH advirtió la existencia de patrones comunes en los hechos de violencia sexual registrados contra las mujeres detenidas, los cuales indicarían que fueron perpetrados como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación en el marco de la respuesta violenta del Estado, especialmente cuando eran identificadas como lideresas o por haber prestado ayuda a las personas heridas en las manifestaciones.

10. En Nicaragua persiste una práctica sistemática de las afectaciones a los derechos de los familiares consistente en hostigamiento, amenazas, intimidación y denegación de justicia especialmente por la angustia e incertidumbre generadas por las graves condiciones de detención y la toma de represalias contra las personas detenidas. Adicionalmente, la CIDH constata la grave situación de los derechos humanos de las personas excarceladas debido a las consecuencias en las mismas de la privación arbitraria de la libertad, la falta de información de su situación jurídica y la continuación de actos de hostigamiento, amenazas, asedios, estigmatización y vigilancia permanente, los cuales tendrían por finalidad inhibir cualquier organización política o manifestación social.

11. La CIDH analiza el papel del sistema de justicia nicaragüense al facilitar y avalar la persecución judicial y criminalización en el marco de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018. En este marco, la CIDH aborda las violaciones a las garantías judiciales y al derecho de acceso a la justicia derivadas de la apertura de procesos judiciales bajo cargos infundados mediante formatos de acusación preestablecidos, fabricación y/o manipulación de pruebas, afectaciones al derecho a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, la centralización de los procesos y juicios penales, así como el uso generalizado de la prisión preventiva y condenas a penas desproporcionadas. La CIDH resalta que, hasta la fecha de aprobación del presente informe, los hechos descritos en el informe se encuentran en la impunidad. La CIDH no cuenta con información que indique que el Estado ha investigado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas sociales contra las personas privadas de libertad, en el proceso de detención, durante la privación de libertad y después de la excarcelación. Asimismo, no ha recibido información sobre el procesamiento y sanción a los funcionarios responsables de las graves violaciones perpetradas, ni respecto la existencia de un plan de reparación para las víctimas de estas acciones acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

12. La Comisión insiste en que la independencia del Poder judicial y su clara separación respecto de los otros poderes debe ser respetada y garantizada, lo cual parte por el reconocimiento normativo de su independencia y la no injerencia de otros poderes. Sin embargo, además de estar establecida en el marco normativo a través del reconocimiento del principio de separación de poderes, esta garantía debe manifestarse en la práctica. 12 | Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 Organización de los Estados Americanos | OEA

13. En el contexto de la pandemia mundial del COVID-19, la CIDH aborda la grave situación que enfrentan las personas privadas de libertad en el país debido al riesgo de contagio en que se encuentran, así como por la ausencia de información sobre protocolos y medidas de contención y prevención adoptadas por el Estado en los centros de privación de libertad. 14. Finalmente, la Comisión realiza una serie de recomendaciones y retoma las formuladas en sus Observaciones preliminares de la visita de trabajo a Nicaragua del 21 de mayo de 2018; así como las recomendaciones adicionales del Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua” del 21 de junio de 2018 y las formuladas en el Capítulo IV.B de su Informe Anual 2018.